En medio de una apasionante lucha por el título de la Primera B, la institución minera se vio envuelta en un delicado escenario extradeportivo. Un reciente dictamen de la Contraloría General de la República derivó en peticiones para evaluar el estatus competitivo del club, generando incertidumbre entre los fanáticos. Sin embargo, desde la testera del equipo calameño optaron por calmar las aguas y desestimar rotundamente los temores sobre una posible sanción administrativa drástica.
La postura institucional frente al dictamen
El origen de este conflicto radica en cuestionamientos sobre la implementación tardía de normativas exigidas por la legislación vigente vinculadas a protocolos internos. Ante las especulaciones surgidas en la esfera pública, el vicepresidente Ignacio Mehech salió al paso para aclarar los alcances legales de la medida y tranquilizar a la hinchada naranja en esta recta decisiiva del torneo.
- Revisión del estatus en el Registro Público de Organizaciones Deportivas.
- Oficios enviados a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados.
- Debate sobre las verdaderas atribuciones de los organismos estatales.
Declaraciones categóricas desde el norte
El directivo descartó de plano riesgos jurídicos reales para la continuidad del equipo en el profesionalismo. “Son rumores que me encantaría saber de dónde vienen, porque no tienen mucho asidero con la realidad. La gente que lo promueve no entiende lo que significa, porque el IND no tiene la facultad de eliminar la personalidad jurídica de un privado”, sostuvo enfáticamente el dirigente sobre el rol del Instituto Nacional de Deportes.
Asimismo, el representante de los Zorros del Desierto enfatizó que las comisiones parlamentarias carecen de competencias sancionatorias directas sobre el modelo de Sociedad Anónima Deportiva que compone la estructura afiliada al ente rector del balompié nacional, disipando cualquier fantasma institucional mientras el plantel sigue concentrado en su objetivo deportivo.
