El fútbol del ascenso chileno vive horas críticas tras las graves acusaciones vertidas por Felipe Muñoz, propietario de Rangers, quien puso en el centro de la polémica a San Marcos de Arica. El dirigente no se guardó nada al referirse a la situación de la Primera B Chile, denunciando que el cuadro nortino habría superado el límite presupuestario permitido por una cifra escandalosa, lo que a su juicio desvirtúa totalmente la competencia deportiva.
Acusaciones de fraude financiero
Muñoz fue enfático al señalar que el conjunto ariqueño habría excedido en 2.500 millones de pesos el monto autorizado para la conformación de su plantel. Según el mandamás del club talquino, esta maniobra no es un simple error administrativo, sino una acción premeditada para obtener una ventaja competitiva ilegal en el torneo.
“Es hacer trampa, porque lo que ha hecho Arica es falsificar documentos para decir que ellos cumplen; mandan archivos auditados a la CMF y otros distintos a la ANFP”, declaró Muñoz.
Para el empresario, esta práctica de presentar estados financieros divergentes representa el núcleo del conflicto que hoy tiene a San Marcos enfrentando un posible proceso de desafiliación por parte de los organismos disciplinarios.
La urgencia de sancionar a los dirigentes
Más allá de las consecuencias colectivas, el dueño de Rangers apuntó a un vacío legal preocupante en nuestro balompié: la falta de castigos individuales para los responsables de estas gestiones. Muñoz argumenta que la normativa actual protege a los directivos, permitiendo que quienes han estado involucrados en irregularidades sigan operando en la actividad sin mayores consecuencias.
- Revisión profunda del artículo 87 de las bases.
- Necesidad de sanciones personales a directivos infractores.
- Mejora urgente en la fiscalización de la Unidad de Control Financiero.
- Claridad en la aplicación de los fallos de la Primera Sala.
Finalmente, el dirigente hizo un llamado a fortalecer la Unidad de Control Financiero de la ANFP. Según su perspectiva, es imperativo que los clubes sean auditados de manera rigurosa antes del inicio de cada temporada, evitando así que los equipos que compiten bajo las reglas se vean perjudicados por instituciones que deciden ignorar el fair play financiero.
Mientras el plazo para las apelaciones sigue su curso, el ambiente en el ascenso se mantiene tenso. La resolución de la Segunda Sala será clave para definir si la desafiliación se ratifica y qué impacto real tendrá en la tabla de posiciones, un escenario que, según Muñoz, debería ajustarse estrictamente a lo acordado en el Consejo de Presidentes del pasado 11 de diciembre.
